El Ministerio Español no ve crisis en el precio del aceite de oliva

Espinosa dice que no hay motivos para pedir ayuda a la UE como quiere el sector


El Gobierno central hace oídos sordos a las repetidas reivindicaciones del sector oleícola para que pida formalmente a la UE que apruebe el almacenamiento privado del aceite de oliva como medida para reactivar los precios en origen de este producto.
En una visita realizada ayer a Córdoba para clausurar el Seminario Internacional sobre la Biodiversidad en la Lucha contra el Hambre y el Cambio Climático, la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró que actualmente no se dan las condiciones para que las autoridades comunitarias den luz verde al almacenamiento.
Es por ello que desde el Gobierno central se descarta por ahora iniciar el correspondiente expediente administrativo ante Bruselas para solicitar formalmente la adopción de esta medida, que todas las organizaciones de agricultores y las cooperativas oleícolas consideran básica para que los precios dejen de estar por debajo de los umbrales de rentabilidad.
La normativa de la UE establece que para que se pueda activar este mecanismo es necesario que el coste en origen del aceite de oliva virgen extra se sitúe por debajo de los 1,779 euros por kilo, mientras que el del aceite de oliva virgen no puede superar los 1,71 euros. En el primero de los casos, según los últimos datos publicados por Asaja, el precio se coloca en este momento en los 1,98 euros, mientras que respecto al segundo los valores rondan los 1,83 euros.
La ministra se amparó en estas cifras para justificar que no se las condiciones «objetivas» para que Bruselas permita el almacenamiento.
Muy distinta fue la actitud del Ejecutivo socialista en mayo del pasado año cuando sí inició este expediente ante las autoridades comunitarias, que dieron posteriormente su visto bueno. Todo el sector afirmó en su momento que esta medida sirvió para elevar unos precios que habían alcanzado sus cotas más bajas de los últimos años.
No obstante, Espinosa no quiso cerrar la puerta en un futuro a un cambio de actitud por parte de su departamento respecto a este asunto. «No tenemos ningún problema en tramitar el expediente correspondiente siempre y cuando se den las condiciones que están reglamentadas», apuntó.
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