El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno
que mejore el procedimiento sancionador para los incumplimientos de la
normativa relativa al aceite de oliva, y critica que las multas que
imponen las comunidades autónomas son "muy bajas" y se alejan mucho de
las recomendaciones que plantea la 'Agencia para el Aceite de Oliva'.
Así se recoge en el Informe de fiscalización del Organismo
autónomo 'Agencia para el Aceite de Oliva' del ejercicio 2011, al que ha
tenido acceso Europa Press y donde el departamento que preside Ramón
Álvarez de Miranda denuncia la falta de un "procedimiento coercitivo
eficaz" para evitar los incumplimientos en materia de declaración de
actividad.
Según se recuerda, la Agencia para el Aceite de Oliva sólo puede
tramitar unos requerimientos informales dirigidos a los operadores y, en
caso de que no respondan, remitir una propuesta de sanción a la
comunidad autónoma correspondiente, que es la que tiene la competencia
sancionadora.
Sin embargo, "el importe de las sanciones finalmente impuestas por
las comunidades autónomas es, en general, muy inferior" a la propuesta
de la Agencia, e incluso "en muchos casos" las comunidades autónomas ni
siquiera sancionan los incumplimientos denunciados por la Agencia, que
tampoco insta de oficio a iniciar estos procedimientos sancionadores en
los casos de impago, sino que se limita a esperar que la Organización
Interprofesional formule la denuncia, "amparándose en una interpretación
inadecuada" del Reglamento.
POSIBLES PRESCRIPCIONES
"Esta falta de iniciativa de la Agencia podría desembocar en la
prescripción de los potenciales derechos de crédito frente a los
incumplidores", señala el Tribunal de Cuentas, que advierte del mismo
riesgo como consecuencia de la falta de una fecha límite para que las
organizaciones interprofesionales reclamen las cuotas impagadas. "Los
potenciales ingresos públicos que pudieran derivarse de la sanción
pueden verse perjudicados por la falta de diligencia de las
organizaciones", insiste.
De hecho, incluso cuando la comunidad autónoma remite una
propuesta de sanción al operador afectado, se incumple de forma
sistemática el plazo de 60 días previsto "en múltiples casos", lo que da
lugar a una "gran heterogeneidad" sobre la duración de los
procedimientos que, "en muchos casos", superan incluso el año.
Por estos motivos, el organismo fiscalizador sugiere a la Agencia
que emplace al Ministerio de Agricultura a establecer, por parte de las
comunidades autónomas, procedimientos coercitivos "más eficaces" para
"minorar el riesgo de incumplimientos" en las declaraciones. En la misma
línea, propone que la Agencia cambie su proceso sancionador por impago
de cuotas, de modo que no haya que esperar a la denuncia de las
organizaciones interprofesionales.
"Esta propuesta contribuiría a evitar el riesgo de que se pudieran
producir desigualdades entre los operadores incumplidores a la hora de
ser objeto de denuncia, así como el riesgo de prescripción", señala el
informe, que aconseja asimismo la revisión de oficio de todos los casos
de incumplimiento del pago de cuotas que no hayan sido objeto de multa y
que no hayan prescrito aún.
FALTA COORDINACIÓN
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha detectado una importante
falta de coordinación entre las comunidades autónomas y la Agencia para
el Aceite de Oliva, tanto en el seguimiento de las propuestas de
sanción como en los propios servicios de inspección, lo que impide
realizar "controles cruzados" así como conocer los resultados o el
trabajo de las diferentes unidades de la Agencia.
Y es que, según denuncia el organismo, la Agencia "carece de una
instrucción o manual de inspección que contenga una descripción
detallada de los procedimientos a seguir antes, durante y después de las
actuaciones inspectoras".
Por todo ello, se recomienda a la Agencia redactar un manual de
procedimientos de actuación, con instrucciones y directrices para todas
las intervenciones que puede realizar, así como presentar un Plan de
Actuación en el que "evalúe sus necesidades de personal, especialmente
tras la atribución de mayores funciones en el control de la cadena
alimentaria".
También se sugiere al organismo que elabore Planes Anuales de
Inspección, donde se planifiquen sus actuaciones inspectoras "de acuerdo
con un análisis previo de los riesgos, costes y objetivos a alcanzar",
así como unas "instrucciones detalladas o un manual referido
específicamente al procedimiento de inspección".
Para incrementar sus ingresos, el Tribunal de Cuentas propone
también a la Agencia que celebre convenios de colaboración con cada
organización interprofesional para la que realiza labores de control y
seguimiento en el pago de las cuotas, incluyendo una "justa
contraprestación". Y, por otra parte, tendría que "reforzar el control
de los pagos pendientes de aplicación" para disminuir los errores sobre
deudas que ya han sido satisfechas.
COMPETENCIA DESLEAL EN CATALUÑA Y NAVARRA
Finalmente, el órgano fiscalizador acusa a los gobiernos
regionales de Cataluña y Navarra de dar una "ventaja competitiva" a sus
envasadores de aceituna, al no reclamarles el pago de cuotas a su
Organización Interprofesional, como sí deben abonar los envasadores del
resto de comunidades autónomas.
Y es que la normativa autonómica de Cataluña y Navarra considera
almacenistas a los envasadores de aceitunas de estas regiones, lo que
les permite no presentar la pertinente declaración y, por lo tanto, no
pagar las cuotas a la Organización Interprofesional "aunque desde la
perspectiva de la Agencia sean operadores y la deban presentar".
Además, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señala
que los servicios de inspección de ambas comunidades "no tramitan ningún
procedimiento sancionador" a estas envasadoras por no presentar sus
declaraciones, lo que les "otorga a una ventaja competitiva" frente a
las que sí cumplen con esa obligación.
"En opinión de este Tribunal, la normativa autonómica de estas
comunidades autónomas sobre las envasadoras de aceituna no afecta a la
obligación de declarar establecida en la normativa estatal y, por tanto,
de pagar la cuota a las organizaciones interprofesionales", se añade en
el documento.
Por eso, sugiere a la Agencia que promueva ante el Ministerio de
Agricultura la puesta en marcha de medidas que "clarifiquen" la
situación de las envasadoras en dichas regiones sobre sus obligaciones
de presentar declaraciones mensuales y de pagar cuotas a las
organizaciones interprofesionales.
Fuente:
europapress.es