La situación de Patrimonio Comunal Olivarero, una fundación relacionada con el Ministerio de Agricultura, es kafkiana. Fue creada en la primera época franquista, al igual que las Hermandades de Labradores y Ganaderos o que el Servicio Nacional del Trigo. Su objetivo, en años de autarquía, era tener almacenes para aceite de oliva en caso de que hubiera sobreproducción, y poder tirar de ellos en épocas de escasez. Aquellos viejos almacenes, situados en Pinto (Madrid), Mora (Toledo), Villafranca de Barros (Badajoz) y en pueblos de Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada como Lucena o Baena hace tiempo que no tienen ninguna función. Hoy se mantienen como reliquias de un tiempo pasado, en general en muy mal estado de conservación aunque algunos se han renovado.
La fundación se resistió a morir con el fin de su cometido social y su obsolescencia no ha impedido que una cincuentena de personas sigan cobrando cada año de ella sueldos no precisamente bajos: 53 personas cobran 2,6 millones de euros al año y un informe de PwC estableció que sus sueldos eran un 30% superiores de media que se pagaba en el sector privado por funciones similares. Según aseguran, esta fundación hace años que no recibe un euro de subvenciones, y lo que hace es gestionar unos fondos que se obtuvieron hace décadas, cuando sí tenía sentido su existencia.
Muchos creen que Patrimonio Comunal Olivarero debería disolverse con sus aproximadamente 24 millones de euros en líquido (obtenido de aportaciones del sector olivarero durante décadas). Pero en tal caso, el dinero iría a parar al erario, algo que bajo ningún concepto quiere permitir el director general de Patrimonio, Álvaro González Coloma, con quien este diario ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones obteniendo la negativa a hablar como respuesta.
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