Quieren comenzar con las acciones de promoción e investigación cuando se inicie la campaña, el próximo 31 de octubre. Además, solicitan un Plan Estratégico para el sector, "tal y como ya se ha hecho con otros" como el del vino.
Los integrantes de la Interprofesional del Aceite de Oliva español -ASAJA, ANIERAC, ASOLIVA, CCAE, INFAOLIVA y UPA- se reunieron ayer por la tarde en Barcelona con la ministra de Agricultura en funciones, Elena Espinosa, para presentarle "oficialmente" la extensión de la norma consensuada por el sector el pasado 27 de febrero.
El objetivo es que el ministerio "acelere lo máximo posible su aprobación" para que "esté lista cuando comience la próxima campaña del aceite", a finales de octubre, principios de noviembre, según ha explicado a AGROCOPE Rafael Sánchez de la Puerta, presidente de la sectorial del aceite de oliva de CCAE.
Durante "la presentación oficial", los representantes del sector también "pedimos a la ministra" que apoye con subvenciones las acciones de promoción "que se van a poner en marcha" y para las que, gracias a la extensión de norma, el sector destinará seis euros por toneladas en cada campaña (alrededor de 7 millones) para llevar a cabo acciones de "promoción, análisis de mercado o investigación", durante las tres próximas campañas, comenta en AGROCOPE, Rubén Castro, técnico responsable del sector del aceite de Oliva de UPA.
Además, el presidente de la sectorial del aceite de oliva de CCAE destaca que pidieron a Espinosa que estudiara la posibilidad de desarrollar "un Plan Estratégico al igual que ya tienen otros sectores como el del vino" de cara a la comercialización y la promoción.
Espinosa, se mostró de acuerdo, con las peticiones del sector, según Castro, quien además resalta el esfuerzo que el sector del aceite ha realizado para lograr la extensión de norma.
Tras años de trabajo sobre cómo llevar adelante una “extensión de norma” que permita financiar acciones de promoción e investigación del aceite de oliva español, todas las partes integrantes de la interprofesional se pusieron a finales de febrero, sobre cuáles debían ser las aportaciones económicas de cada una y la forma de materializarlas.
También alcanzaron un consenso sobre cómo se controla y verifica el grado de cumplimiento y el destino de los fondos recaudados.
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