El juzgado de instrucción número 1 de Jaén ha incoado diligencias previas (y se inhibido en favor del juzgado decano de Villacarrillo) por una presunta estafa procesal en ese partido judicial en la que supuestamente está implicado un abogado. La querella, de la que se desprende, según el juez, la posible existencia de una infracción penal, ha sido presentada por el letrado José Pablo Alcalde-Diosdado en nombre de Contracorrupción, organización que tiene como objetivo denunciar delitos cometidos por personas relacionadas con el ámbito del derecho.
La querella se interpone de hecho, entre otros, contra un abogado que ejerce en la provincia Jaén por su supuesta participación en una presunta estafa al olivarero, cometida entre los años 2012 a 2015. Según la querella, una mujer y su hija urdieron, de acuerdo con este letrado, una demanda civil con la que, mediante engaños al juez, consiguieron anular un contrato legítimo de compraventa de un olivar.
Para conseguirlo, según Contracorrupción, cambiaron hasta 4 veces de versión sobre el contrato. Añade que también simularon un supuesto contrato de administración que no existía y aportaron otro falsificado. Le apoyaron, según expone la organización, 2 supuestos testigos falsos, lo que finalmente hizo perder al olivarero la finca, 14 cosechas y 60.000 euros en metálico.
Los hechos están relacionados con un contrato de compraventa de un olivar que, según el querellante, L. L. S., fue vulnerado por el falso testimonio de 3 personas y el "mendaz planteamiento judicial" desarrollado primero en el juzgado de Villacarrillo y posteriormente en apelación en Jaén. A consecuencia de estas irregularidades, según asegura José Pablo Alcalde-Diosdado, los ahora querellados consiguieron anular el acuerdo firmado el 26 de abril de 2012.
A consecuencia del fallo judicial, los querellados estafaron, siempre según el abogado del querellante, 10 millones de pesetas entregados por el denunciante. Alcalde-Diosdado asegura al respecto que la mujer que los recibió, que ya ha fallecido, negó después haberlos cobrado, aunque consta su firma en el contrato de recepción. La mujer, asegura, se quedó con los 1.519 olivos de la finca, así como con los beneficios de las cosechas de aceite de oliva producidas.
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