¿Fraude o problemas con la cata?

• La patronal del aceite de oliva atribuye el 95% de los expedientes sancionadores a discrepancias entre los 'panel test' 
• Recomienda a las empresas que extremen la exigencia a los proveedores 

De tiempo en tiempo salen a la palestra noticias sobre fraudes en el etiquetado del aceite de oliva. Tienen que ver con la calidad del producto: lo que es sólo virgen, por ejemplo, se presenta como virgen extra. Es un tema recurrente, y en este sentido la industria ha tenido que salir a la palestra para denunciar el que a su juicio es el origen del problema: el llamado panel test. Se trata de una valoración organoléptica (fundamentalmente de olor y sabor) realizada por un panel oficial de catadores y que establece la categoría comercial del producto. Este examen está reconocido por el Comité Oleíco Internacional (COI) y es obligatorio a nivel europeo, y el aceite de oliva es además el único producto que incorpora este sistema a su reglamentación. En el resto se miden sólo los componentes químicos y por tanto la cata no sirve para categorizar el producto (puede existir, pero será sólo orientativa). En el aceite cuentan los dos modelos: el químico y el organoléptico, manifestado a través de la cata.

Pues bien, según afirma Primitivo Fernández, director de la Asociación de Industriales Envasadoras y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) "más del 95% de los expedientes abiertos -es decir, del presunto fraude- se debe a discrepancias en la aplicación de los métodos de cata". Es decir, que puede pasar que la empresa envíe una muestra a un panel y éste diga que el aceite es virgen extra; y después la inspección mande el mismo producto a otra cata oficial y ésta diga que no, que es virgen. Esa discrepancia, según la ley, es motivo de sanción.

Eso provoca "incertidumbre" e "inseguridad jurídica", según Fernández, y es una situación que se ha agudizado en la última década por una mayor presión inspectora de las administraciones. Para probar el carácter subjetivo de la cata, Anierac encargó un estudio a PriceWaterHouseCoopers. Se recogieron 500 muestras de aceites vírgenes y se enviaron todas a los 15 paneles oficiales reconociddos por el COI. En el 27,3% de los casos los paneles dieron valores distintos y en el 11% había cambio de opinión con la misma muestra tras analizarse ésta dos veces. Rafael Picó, director de la asociación de exportadores Asoliva, explica que el método tiene tales dosis de subjetividad que los catadores del norte de España suelen valorar de forma más negativa los aceites del sur y viceversa. En el ámbito exterior, aceites de oliva de Túnez suelen tener también problemas de categorización en España por ser en gusto muy diferente del de los españoles.

¿Cuál es la salida? Los industriales afirman no estar en contra del panel de cata, pero creen necesario

redefinir su papel y más en un momento en el que los análisis químicos cada vez son más completos. De momento -y mientras buscan una solución definitiva con la administración- las asociaciones han recomendado a sus asociados (donde están los gigantes del sector) que cuando compren el aceite exijan a la almazara que realice una cata oficial. "Se trata de que la misma exigencia de calidad afecte a todos los eslabones y de esta manera nos responsabilizamos todos un poco", afirma Primitivo Fernández, que añade, frente a las críticas de los afectados, que el coste de cada muestra (de 100 a 150 euros) es inapreciable y es menor que la simple variación del precio del virgen extra en el mercado. Los envasadores quieren, en todo caso, que otros eslabones se hagan cargo también de un proceso que legalmente sólo les afecta a ellos: son los responsables de la calidad del producto desde su origen hasta el final de su vida en los lineales.

Como solución a más largo plazo -la exigencia a los proveedores se plantea como algo transitorio- Anierac y Asoliva han propuesto al Ministerio de Agricultura y a otras administraciones como la Junta de Andalucía que se eleven los parámetros químicos y organolépticos -es decir, que sean más estrictos que ahora- pero que el panel test se realice en origen, en recintos que estén precintados, y a partir de ahí, durante el tiempo de vida del producto, la firma correspondiente esté eximida de sanción, ya que se entiende que ha cumplido. Así, dicen, se mantendría el panel test y se eliminaría la inseguridad jurídica. Según las asociaciones, el Gobierno se ha mostrado receptivo a esta propuesta, pero todavía no hay un sí definitivo.
Fuente:diariodesevilla.es