30 marzo, 2006

La PAC y el olivo

¿Y ahora la PAC?
Por GERARDO GALEOTE. Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. Leido en ABC.es

EL pasado mes de diciembre, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aprobaron un marco presupuestario para los próximos siete años francamente decepcionante. Cuando acaban de incorporarse diez nuevos países miembros con rentas muy inferiores a la media, se reduce el presupuesto comunitario, poniendo en tela de juicio lo que hasta ahora ha sido un pilar esencial de la integración: la política de cohesión o solidaridad interna.

Los efectos del acuerdo son, además, muy injustos para España, como señala un estudio recientemente publicado por parte de un grupo de académicos, dirigidos por los catedráticos Rafael Flores y Juan José Rubio:

Sobre nuestras arcas recae un cuarto del coste total que supone la ampliación para la UE, el doble de lo que paga Alemania y tres veces más que Francia; perdemos casi el 90 por ciento de nuestro saldo neto; pasamos de ser el mayor receptor de fondos a contribuyente neto; y, lo más grave, si el Estado decidiera, en aras del equilibrio presupuestario, no compensar con inversión pública nacional la brusca pérdida de los fondos comunitarios, se estima que dejaremos de crear 1.564.822 puestos de trabajo en los próximos siete años. Se dice pronto.
Son datos ya conocidos, que a estas alturas nadie pone en cuestión, ni tan siquiera el Ministerio de Economía. Pero eso no es todo. Ahora se cierne sobre nosotros una amenaza adicional: la revisión a partir de 2009, a propuesta británica, de la Política Agraria Común (PAC), de la que España es el segundo país beneficiario, después de Francia, representando esas aportaciones a nuestro presupuesto más de la mitad de los ingresos totales de nuestro país procedentes de la Unión Europea. Nada menos.

En esta misma tribuna, la ministra de Agricultura, doña Elena Espinosa, publicaba recientemente un artículo bajo el título «Defender la PAC, hacer más Europa», de cuya lectura, sin embargo, sorprendentemente no se desprende la posición de nuestro Gobierno ante ese trascendental debate abierto por el último Consejo Europeo. La vaguedad y falta de definición de la señora ministra, junto con sus desafortunadas actuaciones en las negociaciones agrarias que se han sucedido en los dos últimos años (en especial en las reformas del azúcar, del tabaco, del algodón y del aceite de oliva), hacen comprensible la creciente inquietud del sector ante lo que parece una subordinación de la política agraria a otros intereses por parte del gabinete presidido por el señor Rodríguez Zapatero.
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